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Nicaragua: Anti-corruption struggle, 1998-2014

 

 

[English translation to follow.]

La Auditoría Social sobre la Percepción de Corrupción en Servicios Públicos, asume la voz de las comunidades como parámetro central de la evaluación, en tanto la ciudadanía reconoce que los servicios se ajustan a sus expectativas o sirven a intereses ajenos a la responsabilidad de las personas en funciones de servicio público. Por la sistematicidad de la medición a lo largo del período 1998-2014, este reporte permite evaluar las tendencias y cambios en los indicadores y proporciona evidencias para discutir sobre políticas públicas e identificar áreas de intervención que mejoren la relación de la ciudadanía con las instituciones.

Los indicadores de percepción de corrupción en el conjunto de servicios han manifestado
un continuo proceso de mejoría en el período 1998-2014. Entre 1998 y 2006, la percepción
de corrupción se asoció principalmente a la realización de pagos no autorizados; mientras
que entre 2009 y 2014 se ha asociado fundamentalmente al grado de satisfacción con la
calidad de los servicios. En todos los casos, sentirse satisfecho con la atención ha reducido
a la mitad o más las probabilidades de percibir corrupción; si a esta condición se agrega que
la mitad de hogares que se declaran afectados por algún acto de corrupción han señalado el
maltrato o la negación de servicios como la principal razón de afectación, se podría afirmar
que la ciudadanía no solo resiente las deficiencias de la atención, sino que también las
interpreta como corrupción.

De manera similar, la Auditoría Social ha mostrado en sus diferentes ciclos de medición
la reducción de la percepción de corrupción a partir de la valoración ciudadana que su
opinión es tomada en cuenta por las alcaldías; hallazgo similar cuando la ciudadanía
percibe que su opinión es escuchada por los líderes comunitarios. En ambos casos, se trata
de una ciudadanía valorando si quienes representan sus intereses efectivamente consultan
sus necesidades y aspiraciones.

En resumen, las evidencias obtenidas a lo largo del período 1998-2014 identifican la
percepción de corrupción como una condición que afecta el vínculo de la ciudadanía con
las instituciones públicas y muestran cómo esa percepción se modifica favorablemente con
la reducción de pagos no autorizados, con el mejoramiento en la calidad de la atención y
con la inclusión de la opinión ciudadana en la discusión de políticas públicas. El diálogo
alrededor de las evidencias podría fortalecer los esfuerzos por la Buena Gestión Pública.

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